Juzgado ordena captura de persona investigada por cobro del PLN al TSE
06/05/2024 20:02
El Juzgado Penal de San José giró una orden de captura contra una persona de apellido Madrigal, quien fue investigado por un aparente financiamiento irregular del Partido Liberación Nacional (PLN) en la campaña del 2010.
Madrigal concilió con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para evitar un juicio por estafa. Sin embargo, al final no cumplió lo pactado en la conciliación. Entonces, el Juzgado lo declaró en "estado de rebeldía" y giró una orden de captura.
Él había sido acusado, junto al exdiputado josefino Óscar Alfaro, de cobrar falsos contratos de alquiler de vehículos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Así lo confirmó la oficina de Prensa del Poder Judicial, el martes anterior, ante una consulta de La Nación. "Se está a la espera de la detención" del hombre, agregó.
La Fiscalía, por su parte, no precisó la fecha exacta en que se concretó la conciliación. Argumentó que, en este caso, hubo varios arreglos —eran varios los imputados—, y que se realizaron en distintos periodos, del 2019 al 2021.
Tampoco indicó cuál fue la conciliación que se realizó e incumplió Madrigal. "Esta información no se puede proporcionar debido a que los acuerdos conciliatorios son de carácter confidencial", argumentó.
Por esta causa, la cual se tramitó bajo el expediente N.° 12-000832-0042-PE, otras cuatro personas también llegaron a un arreglo y el Juzgado Penal de San José ya "dictó un sobreseimiento definitivo".
Además del exlegislador Alfaro Zamora (2010-2014), conciliaron el extesorero verdiblanco Jorge Wálter Bolaños Rojas, y otros dos hombres de apellidos Rodríguez y Vargas.
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Los cinco fueron acusados por la Fiscalía, el 14 de diciembre del 2017, de los supuestos delitos de estafa mayor, infracciones al Código Electoral y falsificación de documentos que la ley equipara como documentación pública. Sin embargo, la causa ya se extinguió con las conciliaciones.
En el caso de Madrigal, a quien se le giró una orden de captura, el Ministerio Público lo acusó de ser una de las personas que, sabiendo que no iba a brindar los servicios ni a recibir pago alguno, accedió a firmar los contratos de alquiler de autos y aportó la documentación requerida para similar ese acuerdo contractual.
