Estados Unidos advirtió sobre el trabajo infantil y un grupo de productores argentinos armó un plan para que vuelvan a la escuela

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Al llegar septiembre, era común que muchos niños y adolescentes empezaran a faltar a la escuela en Santa Lucía, un pueblito ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Tucumán. Es que con la primavera comienza la cosecha del arándano, una fruta que requiere de manos pequeñas y delicadas para su recolección. Por eso, ver a chicos trabajar en las fincas no sorprendía ni escandalizaba a casi nadie.

"Desde los 15 años acompaño a mi familia en la cosecha, pero lo hago durante las vacaciones o fines de semana, siempre que no tenga que estudiar", dice Juan Navarro, que tiene 18 años y cursa el último año en la escuela Técnica N°1 del pueblo. Juan cuenta que hoy "ya no es así", que "ya no se ven niños en los campos", que "los productores ya no los contratan". "Hay carteles por todos lados contra el trabajo infantil", reconoce.

El quiebre del que habla Juan, un cambio que busca proteger el derecho de los niños a no ser explotados laboralmente y a poder estudiar, comenzó en 2018, cuando la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos incluyó por primera vez al arándano entre los 11 productos argentinos que se aprovechan del trabajo infantil, como ocurre con la yerba mate, las frutillas, el tabaco y el ajo, entre otros cultivos. Seis años después, en el informe de este año, el arándano fue eliminado de ese listado luego de una visita del organismo estadounidense que certificó los procesos llevados a cabo por las empresas del sector.

"No sabía que era trabajo infantil"

Santa Lucía tiene 5000 habitantes y todos se conocen. Es una zona productora de limones y arándanos, un fruto que se exporta casi en su totalidad a Estados Unidos.

Federico Baya, representante de una de las empresas exportadoras más grandes del país y actual secretario del Comité Argentino de Arándanos, cuenta que al principio los sorprendió la noticia y sintieron miedo de que se les cerrara el mercado. "Sabíamos que en Argentina había trabajo infantil, pero no teníamos conocimiento de ningún caso concreto", explica y añade: "Ahí nos dimos cuenta de la naturalidad con que tomábamos este tema".

Para afrontar el problema, el comité convocó a DYA Argentina, una organización que impulsa programas de prevención y erradicación del trabajo infantil en zonas de producción agrícola. DYA les propuso incorporar el Programa P.A.R (Producción Agrícola Responsable). Se trata de un conjunto de buenas prácticas que las 11 empresas que integran el comité, operan en el norte y centro del país y representan el 80% de los productores de arándanos del país llevaron adelante en estos seis años con mucho éxito.

El programa incluye un diagnóstico, atención a las causas que generan el trabajo infantil e implementación de estándares productivos que garanticen una actividad libre de trabajo infantil y adolescente y esto se lleva adelante sobre tres ejes: la capacitación sobre lo que significa el trabajo infantil entre todos los actores del proceso productivo; un sistema de monitoreo para prevenir y denunciar la presencia de niños o adolescentes en los campos mediante aplicaciones que los responsables de las fincas deben usar para dar el alerta; y la creación de espacios de cuidados infantiles, educativos y recreativos en articulación con el Estado nacional (CONAETI) y provincial (COPRETI), para dar contención a las familias y motivar a los jóvenes para que estudien.

"Hoy se tiene en cuenta a toda la cadena productiva, más allá de la empresa específica que nos convoca", explica Maró Guerrero, directora de DYA Argentina, y aclara: "Gracias a este trabajo, hoy podemos celebrar que los arándanos argentinos fueron retirados de la lista de productos obtenidos con trabajo infantil". Aclara, también, que sigue habiendo casos, pero que, gracias al programa, todos saben dónde y cómo denunciarlos.

Entre 2020 y 2023, DYA capacitó a 600 personas de las empresas del sector y ellas diagramaron el plan que llaman Sistema de Cumplimiento Social para capacitar al resto del sector, a través de talleres, dinámicas de juegos, videos de información y campañas de sensibilización con sus empleados, contratistas y trabajadores rurales.

"No sabía que esto era trabajo infantil", "En las zonas rurales es así", "Los trabajadores son los que no quieren regularizarse". Estas frases son las que DYA tuvo que escuchar repetidas veces de los distintos actores del proceso productivo y explican los resultados del informe sobre trabajo infantil del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En este estudio queda expuesto que 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan en Argentina. Y esa cifra se duplicaría en zonas rurales, de acuerdo a un relevamiento anterior realizado por el INDEC. Entre los chicos que trabajan, 4 de cada 10 niños tienen déficit educativo. Es decir que casi 1.300.000 niñas, niños y adolescentes del país ven afectada su trayectoria educativa.

"No queremos que nuestro hijo viva lo mismo"

Lo más novedoso de estas buenas prácticas es el eje en los cuidados que ofrecen a las familias para que sus hijos tengan espacios de contención y los adolescentes no abandonen la escuela. "Muchas mujeres tenemos la dificultad de no tener dónde dejar a los hijos mientras trabajamos o quién los cuide al salir de la escuela", dice Gabriela Reynoso, mamá de Luján, de 12 años, y dos hijos más pequeños que viven con ella en una pequeña casa, en Santa Lucía.

Gabriela trabaja desde los 14 años, lo que la obligó a abandonar la escuela, como a muchas mujeres del lugar. La llegada de Punto Joven, un dispositivo de apoyo escolar y recreación para jóvenes de 13 a 18 años, construido como parte del programa de DYA para las empresas, fue una solución para ella y muchas familias que luchan contra la deserción escolar de sus hijos al llegar al secundario y su ingreso temprano al mercado laboral. "Hay chicos que no tienen posibilidades de pagar un profesor, deben materias y abandonan la escuela", dice Gabriela y agrega: "En Punto Joven, mi hija Luján mejoró en matemáticas y, gracias a ellos, otros chicos han retomado las clases".

Jorge Barrera, coordinador de ese espacio y docente de lengua y literatura de la escuela secundaria del pueblo, explica que el tema social se complejiza cuando "muchas madres nos dicen que como están solas, necesitan que sus hijos trabajen" y añade que él también salió a trabajar en la cosecha del limón cuando tenía 14 años. Hoy, si se entera de que un joven deja la escuela para ir a la cosecha, lo va a buscar a la casa y habla con él para que vuelva al aula. Hay 2 Punto Joven en la provincia de Tucumán que en estos 4 años de existencia recibieron a un total de 450 jóvenes.

A Maximiliano Arce, de 17 años, también le cuesta matemáticas como a Luján logró aprobarla luego de ir a este espacio de apoyo escolar. "Cuando la entendí, me di cuenta de que me gustaba y tengo ganas de seguir ingeniería", dice con ilusión. También tomó clases de música y se entusiasmó al descubrirla desde otro lugar. "En mi casa no tengo instrumentos musicales y, la verdad, es que me gustaría seguir tocando la guitarra", dice.

"El arándano tiene mucha mano de obra femenina y las madres necesitan un lugar donde dejar a los chicos para poder trabajar", explica Federico Baya, del Comité Argentino de Arándanos, y cuenta la anécdota de una madre que les rogaba dejar a su hija en el alambrado para poder ingresar a trabajar. "Ahí hay desesperación y, en este programa de capacitación, aprendimos a hablar con esa madre y poder darle una solución a partir de estos lugares de contención que construimos", añade.

Además de Punto Joven, el programa también incluyó la construcción de tres Centros de Cuidado Infantil en Tucumán, para niños de 2 a 5 años, en donde los cuidan hasta las dos de la tarde. "Todas las mamás que venimos al centro trabajamos dos horas en un lado, tres horas en otro. Algunas van al arándano, otras al limón, pero todas necesitamos ese espacio para poder trabajar", explica Eugenia Palavecino de Medina, mamá de Andrés, de 4 años, y otro varón, de 9 años, que vive con su marido e hijos en una casa en el monte, a varios kilómetros de León Rouges, un pueblo de 3.500 habitantes al sur de la provincia de Tucumán.

"Yo empecé a trabajar a los 14 años y mi marido, a los 10. No terminamos la escuela ninguno de los dos y no queremos que nuestro hijo viva lo mismo", agrega Eugenia y señala que su hijo mayor quiere ser médico. "Nosotros soñamos con que lo logre", dice. Asiste a los talleres de crianza que dan en el centro y destaca que ha aprendido mucho allí sobre higiene, alimentación y salud y que es muy bueno para las mamás jóvenes. En Tucumán hay un total de 5 centros de cuidados infantiles construidos en el marco del programa en articulación con el Estado.

"El lugar de los niños es la escuela, no el yerbal"

Victor Saguier, presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate, indica que en los yerbales, secaderos e industrias yerbateras empezaron a implementar el mismo programa que los productores de arándanos a partir de 2023. "El lugar de los niños es la escuela, no el yerbal", sentencia Saguier y dice que las capacitaciones tuvieron muy buena recepción de parte de los trabajadores y empleados de dos de las empresas del sector que participaron y certificaron buenas prácticas. Por ahora solo 2 de las 24 empresas que conforman la cámara se sumaron a la iniciativa.

"Es una cuestión cultural: los hijos acompañan a los padres a cosechar las hojas", dice Saguier y agrega: "Pero desde 2018 llevamos adelante un programa para alertar y concientizar esto como un problema. Argentina exporta 42 millones de kilos de yerba y es necesario que se sumen todas las empresas para erradicar totalmente el trabajo infantil de nuestro sector". La yerba mate sigue en la lista de los productos señalados con trabajo infantil por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

En la provincia de Misiones, donde se encuentran las fincas de yerba mate que se sumaron al programa de Producción Agrícola Responsable se construyeron tres Punto Joven. Roxana Wrage es coordinadora de uno de ellos en Aristóbulo del Valle, donde vive y es docente. "El trabajo es lento porque la gente fue criada de una manera y ahora estamos en otra situación. Hay mucha resistencia", explica. Allí no dan talleres para padres, como en Santa Lucía, "porque hay mucha desconfianza, las familias tienen miedo de ser juzgadas o denunciadas", dice Wrage y cree que todos son conscientes de que el trabajo infantil no está bien, "pero la situación económica, a veces, es la que más influye".

Las historias de todos los entrevistados se parecen: trabajo a edades tempranas, deserción escolar y mucho sacrificio. La mayoría de los padres no quieren el mismo destino para sus hijos, pero muchas veces están presionados por la pobreza y la precariedad en la que viven. "Aún persisten frases como "este es bruto para la escuela, ¿para qué lo voy a mandar?" o "Lo necesito para el trabajo", igual que casos de mamás que quieren que sus hijos estudien y les piden a los docentes que convenzan a sus maridos", explica Maró Guerrero y señala que "el cambio se está dando y es un trabajo colectivo". Y concluye: "No es problema solo del Estado o solo de la empresa. Que no haya más trabajo infantil es un compromiso de toda la comunidad".

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